Parece ser que la semana va de escándalo en escándalo. Pero hoy cambiamos la costa gallega por Córdoba como escenario. Y es que el colectivo arbitral ha presentado una denuncia ante el delegado territorial de la ciudad andaluza. La historia tiene todos los elementos que han conformado el cine de gangsters y mafiosos. Amenazas, pagos bajo mesa, un protagonista oscuro… Scorsese ha escrito películas con menos que esto.

Hasta el momento, lo que sabemos es que un grupo de árbitros de Córdoba ha presentado una denuncia y pedido el amparo de la RFEBM. En su carta anuncian que durante los últimos 17 años están teniendo que pagarle un 10% de sus derechos de arbitraje al delegado territorial de Córdoba. Así, con sobres de por medio, Ignacio del Castillo ha conseguido crear una estructura de «protección» para «sus» árbitros. Si no pagas, no pitas, si no pitas, no cobras. Así que todos han tenido que pagar. Estamos hablando de todo el estamento arbitral cordobés, incluso en la Liga Sacyr ASOBAL, donde arbitra Alberto Murillo. El árbitro explicaba en Canal Sur que «no nos ha quedado otra opción» y «llevamos sufriendo esta coacción desde hace 17 años».

escándalo andaluz

Alberto Murillo / Foto: ABC

La necesidad de amparo de la RFEBM

Los árbitros se dirigieron a la federación territorial en una reunión el lunes pasado. En ella los colegiados interrogaron a la FABM sobre qué se sabía sobre ese dinero y a qué se estaba destinando. La respuesta de la Federación, según los propios árbitros, fue clarificadora sobre su papel en todo el entramado.  No iban a saber, de ninguna de las maneras en que se gastaba ese dinero y fueron insultados. La única solución que les ha quedado ha sido pedir amparo a la RFEBM.

Antonio Rosales, presidente de la FABM. Foto: FABM

Y es que parece ser que Ignacio del Castillo no era el único capo, pues todo indica a que había otro 10% que se lo quedaba la propia Federación Andaluza. Este 10% se aplicaba a los partidos territoriales. El portavoz del colectivo arbitral cordobés, Francisco Molina, explicaba que cuando se negó a pagar esta mordida fue excluido por la federación y se le dejaron de asignar encuentros. Solo pitando aquellos en los que era imprescindible su participación.

Los colegiados han calculado que anualmente el delegado provincial cordobés se embolsaba entre 3.000 y 5.000 euros. Un buen pellizco que cobraba solo por permitir que los colegiados realizaran su trabajo.

Este es un escándalo que de momento ha salpicado ya a la sección comarcal y la federación territorial. Decimos de momento, por qué según avanza ABC, la RFEBM dice no haber recibido ninguna carta y remiten a los periodistas a hablar con la FABM. Así que habrá que esperar a ver cómo van saliendo nuevas noticias sobre este escándalo que no hace nada más que dañar al balonmano y sus instituciones.

 


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